Ayotzinapa los desaparecidos por David Barrios

El 27 de septiembre de 2014 México despertó con la noticia del ataque conjunto por parte de policías municipales, federales y sicarios, estos últimos pertenecientes a un grupo llamado Guerreros Unidos, contra un contingente de estudiantes normalistas rurales en la ciudad de Iguala, Guerrero. Estos, intentaban realizar actividades de recolección de recursos; así como obtener medios de transporte para acudir a la movilización que cada año se realiza el 02 de octubre en memoria de la Masacre de Tlatelolco de 1968. En la agresión, fueron asesinadas 6 personas, 3 de ellas estudiantes. Alrededor de otras 20 resultaron heridas. Uno de los normalistas, Aldo Gutiérrez Solano, tiene muerte cerebral desde entonces. Julio César Mondragón de 22 años y quien acababa de ingresar a la Normal Rural de Ayotzinapa así como de procrear una niña, fue torturado hasta la muerte, su rostro desollado y las cuencas de sus ojos vaciadas. Otros 43 normalistas quienes fueron detenidos por las fuerzas policiales involucradas en el ataque continúan desaparecidos al día de hoy. A casi medio año de estos acontecimientos las autoridades mexicanas no han dado resultados satisfactorios en las investigaciones.1 Los días inmediatos a estos acontecimientos fueron de estupefacción, la misma que siguió a la masacre de Villas de Salvárcar donde fueron asesinados 15 adolescentes; del incendio de la guardería ABC donde murieron quemados 49 infantes; del Casino Royale donde perecieron en un incendio también inducido, 52 personas; de la masacre de San Fernando donde fueron ejecutados 72 migrantes de Centro y Sudamérica; de la masacre de Tlatlaya en que el ejército mexicano asesinó a 22 personas ya desarmadas, presuntos miembros de una banda de narcotraficantes. En los últimos años la suma de muertes, masacres, fosas e impunidad cuenta algunas veces con nombres, fechas, registros. Mientras que en otras, tal vez la mayoría, estos datos están ocultos en las cifras recabadas por organizaciones civiles, medios de difusión e instituciones gubernamentales. Muchas más tal vez nunca las conoceremos. Sin embargo, en esta ocasión, la masacre en Iguala y la desaparición de los normalistas levantó una indignación sin precedentes: durante los meses siguientes se han llevado a cabo algunas de las movilizaciones más multitudinarias y extendidas del México contemporáneo que además, han sido replicadas con distintas escalas y modalidades en centenares de lugares del mundo.


La noche de Iguala como punto de ruptura o no retorno.*

David Barrios Rodríguez

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, México.




Esto es el país de las fosas

señoras y señores

este es el país de los aullidos

de los niños en llamas

este es el país de las mujeres martirizadas

este es el país que ayer apenas existía

y hoy no se sabe dónde quedó

Ayotzinapa.

David Huerta


México en el abismo

México tiene el difícil sino de hacer frontera con la mayor potencia del mundo, que por distintos medios modela la cultura, los sentidos sociales, las formas de consumo, la represión o las prácticas biopolíticas, está comportando una transformación radical que amenaza con poner en riesgo la supervivencia de la sociedad. Al menos de aquella que fue articulada como resultado de la Revolución Mexicana y que durante buena parte del siglo XX aún con todos sus límites, contradicciones y episodios represivos, atisbó uno de los Estados sociales más acabados de la región (como veremos el estado suriano de Guerrero es un ejemplo muy apropiado de dicha impugnación). La conformación de una sociedad clientelar, vertical, autoritaria y con una cultura política basada en la corrupción, constituyó un sistema de pensamiento y prácticas sociales institucionalizadas en los sistemas de seguridad social y educación que desde hace algunos años esperan impávidos su turno para ser desmantelados. Si bien, este último proceso se remonta a la década de los años ochenta, con la puesta en marcha del proyecto político y económico del neoliberalismo, la vuelta de siglo ha señalado el punto de inflexión para la gestación de nuevas formas de sociabilidad posibilitadas por un profundo proceso de destrucción. Aun cuando parte importante de la agenda neoliberal pudo ser conseguida en los años previos a la “transición” del poder ejecutivo (2000) como en el caso de las modificaciones en la propiedad de la tierra o las comunicaciones -que incluyó la privatización de las carreteras, los medios de difusión o la telefonía- sectores considerados estratégicos, como los energéticos, fueron defendidos como los últimos resabios de la soberanía nacional.

Entonces fue creada la situación de guerra, que ha constituido un poderoso mecanismo de reordenamiento social y fuente de jugosos negocios para las élites nacionales e internacionales y que habiendo iniciado en 2006 como un mecanismo de disciplinamiento y represión de la disidencia también ha funcionado como un dispositivo de legitimación del fraudulento sistema político nacional. Aquel que desde 1988 (y aquí sólo nos referimos a sus procedimientos), ha tenido en el fraude electoral, la compra de votos y la puesta en funcionamiento de poderosos engranajes mediáticos, su manera habitual de operar. De esta manera, los doce años de interregno panista, que desde el discurso del poder señalaron un periodo de alternancia política, vieron en el agravamiento de la problemática de la inseguridad pública, así como en la transformación de la dinámica del llamado crimen organizado, la posibilidad de posicionar una idea fuerza con la cual generar la agenda política necesaria para el actual proceso de apertura al mercado del territorio nacional: de sus valiosos bienes naturales, pero también de la población para su expoliación. De manera paralela, y en un principio silenciosa, las actividades económicas ilegales fueron desdobladas como la contracara del proceso formal de asedio sobre el territorio y sus habitantes. La producción y trasiego de estimulantes ilegales fueron seguidos del tráfico de personas y armas, extorsiones, venta de órganos, comercio sexual e incluso actividades extractivas ilegales como el mercado negro de crudo o la explotación minera que realizan las organizaciones del llamado “crimen organizado”.

El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) implicó la militarización de la seguridad pública a través de la creación de un renovado tipo de enemigo interno: el narcotráfico. La barbarie desatada en seis años se saldó con una cifra que superó los cien mil asesinatos, la desaparición de decenas de miles de personas, buena parte de ellas migrantes centroamericanos, pero también provenientes de distintas geografías del orbe. Ante esto, la sociedad mexicana se enfrenta además a la opacidad de los datos generados por el Estado; así como a la proliferación de prácticas que van desde la desaparición forzada, la tortura y la violencia sexual, hasta “sofisticaciones” técnicas como la disolución de cadáveres o la conversión de buena parte del territorio nacional en una fosa común. Este proceso que puede ser entendido como la gestación desde el poder estatal, empresarial y de Estados Unidos de una situación de guerra, ha permitido el reordenamiento del territorio para concretar los objetivos de la acumulación capitalista, incorporando fuentes de ganancia consideradas ilegales.

De esta manera el PRI, que regresó en 2012 al poder ejecutivo, logró llevar adelante un programa sumamente agresivo de reformas. Al mismo tiempo, podemos observar la gestación de un poderoso bloque al interior de las élites económicas que, a pesar de exhibir claras fisuras, agrupa importantes poderes empresariales como los extractivistas y aquellos vinculados con el oligopolio mediático, entre otros. Haciendo uso del andamiaje institucional del país y de sus influencias políticas, este bloque pretende gestionar el territorio y la población de acuerdo a sus intereses corporativos. Por último, y sin necesidad de tanta propaganda en torno al “combate al narcotráfico”, los asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto señalan una tendencia a superar al final del periodo el baño de sangre impulsado por su predecesor (más de 34 mil asesinatos en dos años). En lo que se refiere a la sociedad mexicana, de este complejo proceso se desprende también una ineludible transformación en el ámbito de la cultura, lo que constituye la herencia más profunda y peligrosa que se expresa ya en generaciones de personas que han nacido y crecido bajo el signo de la situación de guerra, de la violencia como forma de mediación social liberada como recurso y bastión cotidiano del actuar.




Guerrero entre la pobreza, los negocios y la presencia militar.

El estado de Guerrero ubicado en el Suroeste del Pacífico mexicano cuenta con una de las geografías más accidentadas del país por sus montañas y ríos. Esta cualidad dotó a la región de un relativo aislamiento que entre otras cosas permitió el desarrollo, al menos desde el siglo XIX, de poderosos cacicazgos locales. La historia del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, cuyo ejercicio tiránico del poder, vínculos con el narcotráfico y el ejército por igual, acumulación de propiedades y riquezas han sido exhibidos recientemente, sólo resulta una actualización de otros cacicazgos que controlan el estado desde hace décadas (Illades, 2014).2

En términos socioeconómicos y demográficos se trata de uno de los estados más pobres del país, junto con Oaxaca y Chiapas y cuenta dentro de su territorio con algunos de los municipios de México que de manera recurrente aparecen con los más altos indicadores de pobreza, similares a los de las regiones más miserables de África. Especialmente afectada por la pobreza, se encuentra la población indígena que habita el estado, estimada para 2010 en 635,620 personas, esto es, una quinta parte del total (CDI,2010). Estos mismos sectores históricamente fueron despojados por los latifundistas de las mejores tierras para el cultivo y su economía de autosubsistencia pende de un hilo. Consecuencia de ello es que Guerrero ocupa el primer lugar en migración interna de México, con miles de personas que se buscan la vida todos los años como jornaleros del campo, de manera acusada en estados del norte de la república. Además tiene el quinto lugar en migración externa, expulsando anualmente a unas 73 mil personas quienes arriesgan su vida cruzando a Estados Unidos. Alrededor de un tercio de la población oriunda del estado, aproximadamente un millón de personas, viven al norte de la frontera con Estados Unidos. En medio de este panorama marcado por la desigualdad, Guerrero es también un estado en que la voracidad de las empresas capitalistas, legales e ilegales, han copado el territorio. Así, de acuerdo a cifras recientes, cuenta con la tercer mina de oro más productiva del país, ubicada entre los pueblos de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, a una hora de Iguala, donde ocurrieron los hechos del 26 de septiembre (Camimex, 2014).3

Por otra parte es un estado rico en recursos hídricos, mismos que son utilizados para la generación de energía eléctrica, o para la extracción de minería no petrolera, lo que ha desatado también diversas luchas socioambientales impulsadas por las comunidades amenazadas por represas e hidroeléctricas. Sin embargo, algo que resulta ineludible de observar como resultado de la tragedia de Iguala es el lugar que ocupa el estado en la dinámica del narcotráfico. Sobre esto, las cifras señalan que Guerrero es uno de los principales productores de marihuana del país, pero más importante que esto, ocupa un lugar preponderante en la producción de amapola y goma de opio, materias primas de la heroína y otros opiáceos, de los que México ya es tercer productor a nivel mundial, sólo después de Afganistán y Myanmar (UNODC, 2014).4 Esto, a pesar que ya durante el gobierno de Felipe Calderón en Guerrero se llevaron a cabo operativos y operaciones militares de manera ininterrumpida, mismas que transitaron del objetivo declarado del “combate al crimen organizado” a la adopción de tareas de seguridad pública por parte de fuerzas federales.5 Tan sólo unos días antes del ataque de policías municipales y federales a los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Barack Obama había expresado su preocupación por el incremento del cultivo de goma de opio en México, ya que se trata del principal exportador de derivados ilegales de éste a Estados Unidos. De esta forma durante los años de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y del lanzamiento de la Iniciativa Mérida, tanto el tamaño de los cultivos (12 mil hectáreas en 2012) como el potencial de producción de heroína se incrementó a tal grado, que en la actualidad México produce alrededor del 7% de heroína a nivel mundial, teniendo Guerrero el 60% de dicha producción, misma que es concentrada en Iguala (Southern Pulse, 2014).

En estos momentos en que desde el discurso del poder se habla de Guerrero como un caso excepcional en el contexto nacional, por el grado de imbricación de la institucionalidad con el llamado crimen organizado, resulta oportuno insistir en que el agravamiento de la crisis en dicha entidad coincidió con el fortalecimiento de la presencia del Estado mexicano. Desde la puesta en marcha de los operativos y operaciones militares 2007, la tasa de asesinatos dolosos ha crecido a más del doble; de 25.17 por cada cien mil habitantes a una de 59.22, lo que resulta ser cuatro veces superior a la media nacional. También se han incrementado los secuestros de 0.63 a 5.87 por cada cien mil habitantes, cifra que también cuatriplica la media nacional. De lo anterior se desprenden consecuencias lógicas como que se trate del estado del país en que más personas (56%) consideran que la población deba de aplicar la justicia por propia mano. Pero aun más ilustrativo que esto resulta, que ya desde 2013 había conocimiento de la actuación de 46 grupos de autodefensas con actividades en 56 municipios de Guerrero, donde habita el 65 % de la población (Parametría, 2014). Como colofón de ello, a raíz de los sucesos en Iguala, se ha ido reconstruyendo la trama de imbricación entre el “crimen organizado” y la institucionalidad. De esta forma, como delegados de los distintos cárteles que hacen presencia en el territorio guerrerense se han contado mandos de las policías y ex policías, funcionarios de seguridad pública, dirigentes locales de los principales partidos políticos y desde luego, alcaldes.6

Guerrero: estado de movilización social y represión.

La historia social de Guerrero es quizá una de las más claras impugnaciones a la idea de la estabilidad priista del México del siglo XX y de la eficacia en la construcción del Estado nación. De esta forma, la posrevolución que trajo una relativa estabilidad al país, nunca estuvo presente en Guerrero, donde durante el siglo XX, entre 1925 y 2005, únicamente siete gobernadores pudieron completar su periodo, mientras que 8 más no culminaron sus administraciones (Illades, 2011). A raíz de los acontecimientos en Iguala, debemos agregar a Ángel Aguirre Rivero, quien durante la década de los años noventa ya había fungido en el cargo de manera interina reemplazando al último heredero de la dinastía de los Figueroa, quien solicitó “licencia” como resultado de la masacre de Aguas Blancas (1995).7

Tenemos entonces que la historia de Guerrero es rica como ejemplo de movilización, con una larga tradición de luchas campesinas, socioambientales, magisteriales, por el derecho a la educación, contra los megaproyectos y en muchas de estas han tenido una participación central los pueblos indios. Este proceso ha dotado de cierta estructura los movimientos sociales, que más allá de la diversidad de actores, hace posible una movilización constante y con umbrales de confrontación con las autoridades que no están presentes, por ejemplo, en el centro del país y la Ciudad de México. Esto en parte se explica por el desaforado latifundismo de las élites locales convertidas también en gobernantes que dieron al traste con los procesos de repartición de tierra después de la Revolución o en el contexto del gobierno de Lázaro Cárdenas. Para ello, los caciques locales crearon grupos represivos y de choque privados como las Guardias Blancas, quienes asolaron a las organizaciones y dirigentes campesinos. En la década de los años sesenta, las fuerzas represivas del estado, bajo órdenes de los gobernantes en turno, llevaron a cabo masacres contra el movimiento magisterial y campesino (Chilpancingo-1960, Iguala-1962 y Atoyac-1967). En respuesta a la cerrazón de los mecanismos institucionales y el despliegue recurrente de violencia política hacia las luchas populares, sectores organizados como la Asociación Cívica Guerrerense y porciones radicalizadas del magisterio impulsaron la creación de núcleos guerrilleros en la Sierra de Guerrero, bajo el liderazgo de cuadros políticos que habían estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, respectivamente. De esta manera, en Guerrero se gestarían los episodios más crudos de la llamada “guerra sucia” que para el caso de México abarca un período de unos 15 años, desde mediados de la década de los años sesenta y hasta comienzos de la década de los años ochenta. Se trata de una etapa histórica “oscura”, no solo por los crímenes de Estado que se cometieron, sino porque se extendió un velo de impunidad y olvido sobre estos. También consideramos importante destacar que Guerrero es el estado con mayor número de desapariciones forzadas en el periodo. La Comisión de la Verdad del estado, cuyo informe final fue emitido el 15 de octubre pasado, habla de 512 desapariciones, cifra que resultaría un tercio de la estimación total, aun cuando las cifras podrían ser mayores. Para el estado de Guerrero las fosas comunes y los llamados vuelos de la muerte en los que fueron arrojadas personas asesinadas o agonizantes al mar, constituyeron los principales mecanismos para desaparecer los cuerpos de los insurgentes y sus familias, campesinos y habitantes de comunidades sobre los que hubo una política de exterminio y tierra arrasada.

Las estrategias de guerra irregular y contraguerrilla fueron impulsadas a través de planes militares orquestados desde los más altos mandos de la institucionalidad militar, quienes apostaron por el exterminio de los grupos levantados en armas (Comisión de la Verdad de Guerrero, 2014). Luis Echeverría Álvarez involucrado en la masacre de 1968 como Secretario de Gobernación y ya como presidente del país en la masacre del “jueves de corpus” en 1971, enviaría ese mismo año al estado de Guerrero 27 mil efectivos militares para combatir al núcleo guerrillero de Genaro Vázquez de la renombrada Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). Con posterioridad a la masacre de Atoyac (1967) y la conformación de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, brazo armado del Partido de los Pobres (PDLP) bajo el mando de Lucio Cabañas, la presencia del ejército mexicano en Guerrero llegaría a niveles insospechados cuando en 1974 se contabilizaron un total de 50 mil efectivos en el estado. Además de ello es necesario señalar que desde aquella época la actuación del ejército jugó a favor de los intereses de los caciques terratenientes que explotaban productos como madera, copra o café; lo que señala una continuidad en que los intereses de las élites locales son salvaguardados por instituciones federales como el ejército y la policía; o bien por grupos paramilitares como la Brigada Blanca, integrada por agentes de distintas dependencias del Estado, directamente desplegados por la Dirección Federal de Seguridad, la criminal agencia de inteligencia que operaba por aquellos años.

La “guerra sucia” constituye entonces un antecedente muy presente en la memoria colectiva de los guerrerenses, especialmente de aquellas comunidades arrasadas por las campañas militares y por la continuidad que hay en los procesos. Dos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa son familares de Lucio Cabañas: Bernardo Flores Alcaraz y Cutberto Ortiz Ramos, este último quien a su vez tiene un abuelo y un tío desaparecidos durante la guerra sucia. Además de ello la ocupación del territorio por parte del ejército nunca ha cesado y las violaciones a los derechos humanos vinculadas con su presencia tampoco, como lo demuestra la CIDH con la condena al Estado mexicano por la tortura y violación de dos mujeres indígenas en la década pasada por parte de elementos del ejército mexicano (Tlachinollan, 2014).8

A mediados de la década de los años noventa se rearticularon distintas facciones insurgentes en Guerrero, al mismo tiempo que se revivían episodios represivos como la masacre de Aguas Blancas (1995) a la que hicimos alusión con anterioridad y en la que fueron asesinados 17 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En el primer aniversario de esta masacre (1996), saldría a la luz pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con lo que iniciaría un nuevo proceso de levantamientos armados en el estado y la región. En el contexto de los operativos contra los normalistas del 26 y 27 de septiembre, comunicados de al menos 5 grupos guerrilleros que actúan en el estado fueron dados a conocer repudiando los hechos.9 De esta forma podemos observar que se valida la tesis de Carlos Illades quien propone para el estado de Guerrero la reiteración de un ciclo de caciquismo-autodefensa-represión-guerrilla-represión que habiéndose manifestado en el siglo XX, parece tener vigencia en la actualidad (Illades, 2011).

Además de ello, el estado de Guerrero ha contado con algunas otras experiencias de organización comunitaria que surgieron de las condiciones de marginación y la necesidad de asumir funciones en materia de seguridad, justicia, comunicación o educación. De esta forma y teniendo como antecedente la lucha del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia, los pueblos de la Montaña y la Costa Chica empezaron a discutir sobre la problemática de la inseguridad en sus comunidades y resolvieron generar una alternativa basada en la experiencia y tradición de los pueblos. En 1995 se gestaron las policías comunitarias en el estado, en aquellas zonas más marginadas y de componente eminentemente indígena (Me phaa y na saavi.) En 1998 se constituyó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria sumando a otras regiones de la montaña y la Costa de Guerrero. Finalmente, en 2012 surgieron nuevas formas de autodefensa en diversos lugares del estado, mismas que generaron con posterioridad un acuerdo con el gobierno para legalizarse, de las que destaca por su presencia en 21 municipios la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

La larga noche de Iguala

Como señalamos al comienzo de este texto, las ejecuciones, masacres, desapariciones forzadas, actos de corrupción que derivaron en muertes y en términos generales el clima de impunidad son ahora parte de la experiencia cotidiana de vivir en México. Si pensamos en la especificidad del caso de la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, podemos observar por un lado, la descarada participación de la institucionalidad. Ésta, quedó registrada en videos, testimonios y confesiones de los policías detenidos. Ellos fueron quienes asesinaron, secuestraron y desaparecieron a los estudiantes. La presunta entrega de estos a una organización criminal menor y de actuación básicamente local, sólo verifica lo que ya es un sentido común, no solo en Guerrero, sino en muchos otros lugares del país: los distintos cuerpos policiacos, las fuerzas armadas y otros segmentos de la institucionalidad están imbricados con el llamado “crimen organizado”, ese que supuestamente es el enemigo de la sociedad. Además de ello tanto las investigaciones como las maniobras de control de daños por parte del gobierno no sólo han dejado inconformes a los familiares y compañeros de los asesinados y desaparecidos, sino que ha atizado el fuego del descontento social. La versión oficial que afirma que los 43 estudiantes desaparecidos posteriormente fueron asesinados y calcinados por un pequeño grupo de sicarios en el basurero de Cocula, quienes finalmente esparcieron las cenizas en un río cercano no tiene sustento y parece más un intento fallido por clausurar un tema que durante meses se ha mantenido en el centro de la opinión pública. Académicos provenientes de distintas disciplinas en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como investigaciones periodísticas han dado al traste de manera puntual con diversos elementos de la versión de la PGR de la que se han exhibido, además, importantes irregularidades (EAAF, 2015), (Montemayor, Ugalde, 2014).10 Ante eso la reacción gubernamental ha consistido en recurrir al autoritarismo, la acusación y el ninguneo, tanto de los familiares de los desaparecidos, como de las impugnaciones científicas a lo que con todo cinismo ha sido planteado como la “verdad histórica” de los acontecimientos en Iguala.11 Sintomático resulta a fines de febrero el propio Procurador Jesús Murillo Karam, fue removido de su cargo en el contexto del arribo del Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue enviada a México para hacer una revisión del caso (accediendo a los expedientes de la investigación y revisando las líneas de ésta) brindar asistencia técnica así como para proponer un plan de atención integral a las víctimas de los hechos y sus familiares. La persona designada como reemplazo de Murillo Karam también ha sido cuestionada: la ex senadora del PRI, Arely Gómez quien entró al relevo, no sólo impulsó desde el Congreso la aprobación de las reformas estructurales en materia de recursos energéticos, educación, salud, seguridad y en materia laboral del gobierno de Peña Nieto, sino que además es hermana del Vicepresidente de Noticieros de Grupo Televisa, Leopoldo Gómez. Dicha empresa se ha destacado en los años recientes por ser una de las principales encargadas de instrumentar la “fabricación del consenso” a favor de las políticas del gobierno y en contra de quienes se oponen a ellas (magisterio democrático, movimiento estudiantil, etc.).

Tampoco la detención de José Luis Abarca, ex presidente municipal y su esposa ha resultado elemento suficiente para dar cuenta de los crímenes de Iguala. Aún cuando el gobierno federal ha centrado sus esfuerzos en construir una versión sobre los acontecimientos en términos de un hecho aislado propiciado por las consabidas “manzanas podridas”, la participación del ejército mexicano y de la policía federal en los trágicos acontecimientos la contradice.12

Pero además de ello la ola de indignación provocada a nivel nacional e internacional guarda relación con la composición del grupo de personas atacadas, secuestradas y desaparecidas: se trata de estudiantes sí, pero también integrantes de una federación que aglutina a uno de los sectores más combativos del país, los estudiantes normalistas de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos de México). Las normales rurales, vienen de un proceso muy largo en que las autoridades educativas y el propio Estado mexicano se han empeñado en desaparecerlas. Se trata de jóvenes de comunidades marginadas quienes asumen el compromiso de estudiar para devolver ese conocimiento a las poblaciones más alejadas y pobres del país. Actualmente sólo quedan 17 de ellas (llegaron a ser 29 hasta antes de 1968) y para seguir existiendo tienen que pelear cada año para mantener mínimas condiciones de funcionamiento, por lo que se enfrentan también de manera constante a la violencia del Estado. Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados cuando realizaban un bloqueo en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; en demanda de una audiencia con el ahora, ex gobernador Aguirre Rivero; mientras que cuatro más resultaron heridos y 24 fueron torturados por la policía. Como intento para justificar la violencia que de manera recurrente es desplegada sobre los estudiantes normalistas se ha construido un estigma que habla de sus acciones “violentas”, como la toma de autobuses, la realización de paros de labores o su valor para enfrentar la represión.

De esta manera, los hechos del 26 de septiembre nos permiten observar la participación de grupos paramilitares vinculados con el llamado crimen organizado, que actúan con objetivos abiertamente represivos sobre la población movilizada. Si bien en México existe una larga y no tan conocida historia de actuación de guardias blancas, u organizaciones creadas ex profeso en Chiapas con rasgos contrainsurgentes, vinculadas en algunos casos con partidos políticos; en el caso de Ayotzinapa observamos el recorrido inverso: segmentos de la institucionalidad que recurren a los grupos armados del crimen organizado para conseguir sus objetivos represivos. Si esta ecuación resulta cierta, la terciarización represiva implica un cambio importante en la estrategia, que también ha sido ensayada con el asesinato de activistas sociales en otros lugares del país, pero no en esta escala.

El Estado mexicano que emana del proceso revolucionario de 1910 fue un régimen de partido que se especializó en la capacidad de ocultar sus acciones en contra de la población movilizada o que amenazaba sus intereses. No existe un sólo episodio represivo durante el siglo XX en que se haya logrado justicia para las víctimas y en la actualidad hemos transitado a un momento en que los asesinatos, las desapariciones y masacres no tienen parangón en la historia de México. Hasta ahora nunca hubo justicia ni castigo a los responsables. Solo impunidad para los estudiantes asesinados de 1968 y 1971, los desaparecidos de la guerra sucia, las centenares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y el resto del país, los perseguidos y asesinados por defender su territorio, los masacrados en toda la geografía nacional como resultado de la supuesta guerra contra el narco, que no es otra cosa que una guerra contra la población. Y eso es algo con lo que las personas que habitamos ese territorio llamado México tenemos que vivir todos los días, con esa indignidad.




La luz de Ayotzinapa

A partir de los crímenes en Iguala el movimiento social ha respondido como no se veía desde hace décadas. Conforme han pasado las semanas y ahora los meses, la frustración y hartazgo por los resultados de las investigaciones, así como por las violencias que siguen consumiento al país y los escándalos gubernamentales, ha ido creciendo también. A las multitudinarias movilizaciones en distintos lugares del país se suman constantes e innovadoras expresiones de solidaridad con la causa de los normalistas desaparecidos y en repudio del gobierno mexicano. La decidida lucha por la aparición con vida de los normalistas se ha expresado en muy distintas formas: Se han tomado puentes internacionales con Estados Unidos, aeropuertos como en Chilpancingo y Oaxaca, se ha recurrido a las redes sociales, un estudiante de la UNAM irrumpió en la ceremonia de entrega al Premio Nobel de la Paz con una bandera mexicana manchada de sangre. Se han incendiado oficinas de gobierno y han sido tomados una tercera parte de los Ayuntamientos del estado de Guerrero para la conformación de Consejos Municipales Populares. De esta manera la impugnación de la institucionalidad en sus distintos niveles crece, no solo en Guerrero sino a través de la ampliación de las experiencias autonómicas o de aquellas que van recobrando las funciones que están en manos de un Estado cómplice de intereses mafiosos. A la consigna sobre la participación del Estado en la agresión a los normalistas se ha sumado la exigencia de renuncia de Enrique Peña Nieto y se proyecta el sabotaje de las elecciones intermedias de 2015 en las que se disputarán más de 2 mil cargos de elección popular entre diputaciones, alcaldías, gubernaturas y otras más. El espejo de Iguala nos dice que este sistema político no funciona, es ilegítimo y criminal, por lo que es preciso no refrendarlo.

Finalmente, tenemos que decir que esta lucha que aun con todo su dolor alumbra a la sociedad mexicana, no hubiera sido posible sin el ejemplo de los compañeros y familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Provenientes de algunas de las comunidades más marginadas de México, dejaron sus trabajos y familias, han luchado sin reposo, venciendo al miedo. Cuando el Estado intentó acusar a los normalistas desaparecidos de ser parte del “crimen organizado”, argumento con el que intentan justificar cualquier muerte, dignificaron su nombre y la vocación de servicio que éstos tienen con sus comunidades de origen. Realizaron una caravana a distintos lugares de la República para informar a la gente sobre los sucesos en Iguala, acudiendo a plazas y universidades. Hablaron hacia pequeños grupos y multitudes, en algunos casos esforzándose por hacerlo en una lengua que no es suya, poniendo por delante su dolor y clamor de justicia. Resistieron los intentos del gobierno por acallarlos y dividirlos. A pesar de su tragedia se han plantado frente al poder con valor y dignidad. Ante los ofrecimientos de dinero, becas y casas por parte del gobierno, han respondido que los 43 desaparecidos no se venden, no se negocian.




Y reflejados en ellas y ellos, para mucha gente en México llegó la hora de detener la destrucción en curso.













Fuentes consultadas

-Camimex, “Informe anual 2014”, enlace electrónico www.camimex.org.mx/index.php/secciones1/publicaciones/informe-anual/informe-anual-2014/

-Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, enlace electrónico http://www.tlachinollan.org/category/defensa/ines-y-valentina-es/

-Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, “Informe final de actividades” , 15 de octubre de 2014.

-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “Indicadores sociodemográficos de la población total y la población indígena, 2010-Guerrero”, enlace electrónico www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/GUER/guer2010.pdf




-Equipo Argentino de Antropología Forense, Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan, Comunicado de Prensa EAAF, 07 de febrero de 2015, enlace electrónico, http://www.eaaf.org/files/comunicado-eaaf_7feb2015.pdf




-Gibler, John, “Los Desaparecidos. La crónica del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes mexicanos desaparecieron — y por qué esto puede ser un punto de inflexión para el país”, The California Sunday Magazine, enlace electrónico https://stories.californiasunday.com/2015-01-04/mexico-the-disappeared-es




-Illades, Carlos, Guerrero. Historia Breve., Fondo de Cultura Económica-Colmex-Fideicomiso Historia de las Americas, México, 2011.




-Illades, Carlos, “Guerrero: La violencia circular”, Revista Nexos, 01 de noviembre de 2014.




-Jóvenes ante la emergencia nacional, “Ayotzinapa y Tlatlaya Geopolítica, ocupación del país y Terrorismo de Estado”, enlace electrónico http://jovenesemergencia.org/ayotzinapa-y-tlatlaya-geopolitica-ocupacion-del-pais-y-terrorismo-de-estado/




-Parametría, “El Contexto en Guerrero. Los hechos antes de Ayotzinapa”, enlace electrónico http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4702




-Montemayor, Aldrete, Jorge Antonio y Ugalde, Vélez, Pablo, “Científicos desmienten a PGR. Imposible la cremación de 43 normalistas en el basurero de Cocula.”, disponible en el enlace electrónico https://www.scribd.com/doc/249920256/Estudio-Cientifico-asegura-que-es-imposible-la-cremacion-de-43-normalistas-en-el-basurero-de-Cocula




-Revista Proceso, números 1983,1989-1992.




-Southern Pulse, “Heroin production in Mexico up 70 percent in 5 years”, 04 de octubre de 2014, en www.southernpulse.info/sp-pulses/heroin-production-in-mexico-up-70-percent-in-5-years

-United Nations Office on Drugs and Crime, “World Drug Report 2014”, New York, 2014.





1A comienzos de diciembre de 2014, se reveló que el laboratorio austriaco de la Universidad de Innsbruck logró identificar el ADN de Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos, entre los restos que envió la Procuraduría General de la República de México (PGR). Independientemente de eso las hipótesis presentadas por la misma dependencia mexicana sobre lo que ocurrió con los normalistas después de ser detenidos por la policía han sido desestimadas y catalogadas de inverosímiles tanto por los familiares de los desaparecidos como por especialistas en la materia. A pesar de ello, a fines de enero de 2015 la PGR estableció que los resultados de la investigación presentados constituyen la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala. Un pormenorizado relato y crónica de los hechos basado en testimonios de los sobrevivientes y de testigos se encuentra en John Gibler, “Los Desaparecidos. La crónica del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes mexicanos desaparecieron — y por qué esto puede ser un punto de inflexión para el país”, The California Sunday Magazine, enlace electrónico https://stories.californiasunday.com/2015-01-04/mexico-the-disappeared-es








*Este artículo es una versión actualizada y ampliada del artículo aparecido en la revista colombiana CEPA vol. 2 No. 20 marzo-julio de 2015.


2Destaca el clan de los Figueroa, oriundos de Huitzuco, quienes detentaron el poder ejecutivo del estado en tres ocasiones durante el siglo XX (Francisco Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer). Terratenientes y empresarios de la rama del transporte, alternaron estas actividades con cargos gubernamentales. Han estado involucrados en algunos de los actos represivos más aberrantes en Guerrero durante el siglo XX.


3 El complejo minero Los Filos que incluye dos minas a cielo abierto y una subterránea de la minera canadiense Goldcorp produjo en 2014 un estimado de entre 330,000 y 345,000 onzas de oro, ubicándose detrás de las minas Peñasquito, en Zacatecas con entre 530,000 y 560,000 oz (Goldcorp) y La Herradura en Sonora (Fresnillo plc-Newmont) también por encima de las 400 mil onzas de oro. Información cotejada en Camimex, “Informe anual 2014-Situación de la minería mexicana en 2013”, LXXVII Asamblea General Ordinaria, pp. 14; así como en las páginas electrónicas de las empresas Goldcorp y Fresnillo.


4 Como sabemos, con posterioridad a la invasión de Estados Unidos en Afganistán el incremento de producción de opio mostró un comportamiento de crecimiento sostenido que lo ha llevado en la actualidad a tener el 80 por ciento de la producción mundial, elemento que da cuenta de la coexistencia y connivencia de la ocupación militar prolongada con la proliferación y afianzamiento de los cultivos ilícitos.


5 El más propagandizado habría sido el Operativo Guerrero Seguro, aplicado en 6 regiones del estado (entre ellas donde se produce la goma de opio y en Iguala, donde es almacenada) y que llevó a más de 6 mil efectivos del ejército mexicano a la entidad.


6 Esta información se desprende de un diagnóstico contenido en un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de 2011 y que es recuperado en el número 1983 de la revista Proceso. Titulado Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, dicho documento fue creado como base para la implementación de los operativos contra el “crimen organizado” en la entidad.


7 En el gobierno interino de Aguirre, quien como tantos otros pasó del PRI a la “izquierda” del PRD en años recientes, también se llevaría a cabo una masacre (El Charco 1998) en la que fueron asesinados 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.


8 En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. En dichos fallos determinó que -en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente- ambas mujeres habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero.


9Los grupos armados que emitieron comunicaciones y que actúan en Guerrero son el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Unión del Pueblo.


10Por lo que toca al Equipo argentino de Antropología Forense destacamos los siguientes señalamientos: que los restos presuntamente recuperados en el Río San Juan fueron “descubiertos” sin la presencia del propio equipo argentino, que el basurero de Cocula estuvo desprovisto de vigilancia durante al menos 3 semanas críticas para la realización de la investigación; o bien, que el basurero ha sido utilizado para arrojar e incinerar basura y cadáveres desde 2010, con lo que restos hallados en éste pueden pertenecer a eventos anteriores, como de hecho ya ocurrió con algunas de las muestras recuperadas (un par de prótesis dentales, que pertenecen a un individuo distinto al grupo de normalistas). En lo que respecta a las investigaciones de los científicos Jorge Montemayor Aldrete (UNAM) y Pablo Ugalde Vélez (UAM), estos han calificado como imposible la cremación de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula a partir de variables físicas y químicas, además de establecer que de haberse producido dicha incineración estarían presentes otras evidencias materiales que no aparecen en los resultados de la investigación (alambre de acero de las llantas utilizadas, fragmentos de corteza de la leña empleada, pertenencias de los normalistas, etc.). Además de ello, desestiman que dicha labor pudiera haber sido realizada por tres personas y sin aditamentos y recursos necesarios (combustible, leña suficiente, etc.). Asimismo, el espacio donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes, no corresponde con las dimensiones requeridas en términos físicos, para realizar dicha operación, o bien, tendría que haber un área del basurero más afectada por la acción del incendio.


11La investigación de la PGR se presenta como una simulación de gigantescas proporciones en la que de acuerdo a las propias autoridades federales participaron alrededor de 10 mil agentes entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos. La “verdad histórica” asegura que a partir de la identificación genética de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio, se desprende que los 43 normalistras corrieron la misma suerte.




12 Investigaciones periodísticas de la Revista Proceso (números 1989-1992) que accedieron a los expedientes de la investigación dan cuenta del conocimiento que tuvieron en tiempo real de los acontecimientos, además de la cercanía del 27vo Cuartel de Infantería que se encuentra a unos 3 kilómetros de la ciudad. A comienzos de febrero fueron dadas a conocer fotografías tomadas por los miembros del Ejército a los normalistas mientras estos esperaban ser atendidos en una clínica de la ciudad de Iguala la misma noche del 26 de septiembre.