Feminicidio en México: 25 años de impunidad
Guadalupe Andrade Olvera
David Barrios Rodríguez
Fotografía de Andrea Guerrero Venzor
Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo…
2666 Roberto Bolaño
Yo creo que lo que está sucediendo aquí desde 1993 es un negocio redondo con ellas. Cuando digo un negocio redondo es desde que las secuestran, yo creo que las usan, luego las explotan totalmente, en todo sentido. Si no explotan sus huesos es tal vez porque su dinero o su tecnología no les haya dicho que en el hueso todavía hay algo que sacar.
Francisca Galván (abogada y activista contra los feminicidios en Ciudad Juárez)
Desentrañar la barbarie
La propagación de distintas formas de violencia en México caracteriza el recorrido del país en el Siglo XXI. Esto ha ocurrido en el marco de una estrategia de militarización de la seguridad pública que de manera alarmante, ha provocado el asesinato de cientos de miles de personas. Para contrastarlo con el recorrido colombiano, baste considerar que en el periodo 2006-2018 han sido asesinadas alrededor de 250 mil personas, una cifra mayor al periodo 1958-2012 reportado por el Informe Basta Ya para el país andino y que suele ser considerado un ejemplo de violencia estatal y social a nivel mundial. Algo similar ocurre con el fenómeno de la desaparición forzada, que para México en estos 12 años establece un estimado de 40 mil personas de las cuales se desconoce su paradero y que superan los datos más difundidos sobre dictaduras emblemáticas del Cono Sur como Chile, Argentina y Uruguay durante la segunda mitad del siglo pasado.
Sin embargo, consideramos que el paisaje mexicano en implosión no debe ocultarnos las expresiones específicas que comporta. Un ámbito que ha resultado invisibilizado y negado es el incremento y sofisticación de las formas de violencia contra las mujeres. El lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico” acrecentó este tipo de asesinatos, principalmente en lo que respecta a las mujeres jóvenes y precarizadas, después de un mínimo histórico registrado en 2007. Entre los años 2012 y 2016 se observaron estadísticas por encima de los 2 mil setecientos feminicidios, con una tendencia de 7 mujeres asesinadas por día. Esto escaló aún más para enero de 2019 en que se reportan cifras de 10 mujeres asesinadas cada día en el país.
Tabla I
Lo anterior, que ya es en sí mismo sintomático de una sociedad atravesada por la violencia, comporta otras características que es preciso develar. En el presente texto sugerimos la hipótesis de que el asesinato sistemático de mujeres, así como el incremento en la exhibición de la crueldad con la que se les asesina, normalizan el fenómeno restándole sensibilidad y tratamiento social al problema. Consideramos que la instalación de la violencia feminicida en el escenario cotidiano, como expresión extrema, eleva el umbral de las violencias cometidas contra las mujeres. También amedrenta y desvaloriza sus vidas. De manera que la desaparición forzada de niñas y adolescentes, las violaciones, la tortura, explotación sexual y laboral, el acoso callejero y la generalización de las violencias machistas, se reproducen y justifican con pasmosa naturalidad en el mismo círculo de impunidad.
Tabla II
La incubación del feminicidio en Ciudad Juárez
Antes de la caída de México en este abismo con el lanzamiento de la estrategia de guerra gubernamental, Ciudad Juárez funcionó como laboratorio de una serie de políticas que serían instrumentadas después en el resto del país. En términos económicos y desde la mirada oficial y del gran capital fue presentada como una ciudad modelo de globalización, puesto de avanzada de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En términos políticos, fue uno de los primeros lugares donde hubo triunfos del Partido Acción Nacional (de derecha) y que a la larga dio lugar a la alternancia con el Partido Revolucionario Institucional, lo que funcionó durante las últimas décadas como una suerte de bipartidismo neoliberal, coloquialmente conocido como PRIAN.
A partir de 1993 emergen a la opinión pública los casos de decenas y después cientos de mujeres que desaparecen en la ciudad y reaparecen después de ser asesinadas, mutiladas y con muestras de tortura sexual en distintos parajes de la ciudad. Sin embargo, es hasta 1998 que el movimiento de familiares de las víctimas, en compañía de activistas y académicas consiguen caracterizar los asesinatos desde la categoría feminicidio. En su definición más básica constituye una metodología feminista para entender y denunciar el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, por razones de sexo y género[i].
Gayle Rubin define el sistema sexo/género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Por lo tanto la subordinación de las mujeres es consecuencia de las relaciones que producen y organizan el sexo y el género. El género no es algo que está dado, sino que se construye a partir del sexo, interpretado desde el discurso hegemónico de forma binaria. De esta manera el feminicidio se ha entendido también desde el feminismo como una práctica de violencia masculina para castigar a las mujeres que no respetan lo normativo al género. A pesar de ello, el Estado mexicano se ha resistido a introducir la categoría como tipificación penal a nivel federal, si bien algunas legislaciones locales lo han incorporado.
Actualmente el feminicidio está contemplado en varias jurisdicciones latinoamericanas: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile (2010), El Salvador (2010), Perú (2011), México (2011), Nicaragua (2012) y Brasil (2015). En la academia se continúa desarrollando su definición y los movimientos sociales han logrado legitimar su presencia en el discurso público. Pese a ello, no se ha registrado una disminución del asesinato de mujeres en ninguno de estos países y nuestra región tiene los mayores índices en feminicidios a nivel mundial.
Después de 2018 cuando se cumplieron 25 años de la emergencia pública de estos crímenes en Juárez, ciudad vuelta emblema de este tipo de violencia contra las mujeres, resulta sorprendente e inquietante que aún no se sepa con claridad qué es lo que ha permitido que esto haya sucedido y que no deje de suceder.
Proponemos observar la relación entre esa condición de violencias desbordadas y la conformación de Juárez como un laboratorio social de distintas políticas, en las que ha tenido un papel determinante la violencia estructural que ha sido pacientemente confeccionada desde hace décadas. En términos laborales, desde la década de los sesenta, pero con mayor énfasis desde los años ochenta, fue punta de lanza del modelo productivo maquilador, mismo que contribuiría a la redefinición de las relaciones laborales en distintas regiones del planeta. La cara oculta del auge maquilador, es que trajo consigo modificaciones en las condiciones laborales que después se generalizarían con el neoliberalismo y que en el caso de la maquila, implican una competencia con otros países por contar con los salarios más bajos en pos de “competitividad”; así como otras características identificadas con la “flexibilización laboral”, que elimina la seguridad de las/los trabajadores en beneficio de la acumulación de capital. A partir de ello se han precarizado las condiciones de trabajo y se ha restringido la organización laboral. A esto hay que agregar que las actividades desarrolladas en las maquilas consisten en movimientos repetitivos, desgastantes y en los que se esfuma todo contacto con el resultado del trabajo.
A ello agregamos la cualidad fronteriza de la urbe que, por un lado, abarata los costos de producción y transporte hacia Estados Unidos, y por otro es un lugar en que constantemente se renueva la mano de obra dispuesta para trabajar en las maquiladoras. Es una ciudad abierta para el cruce de mercancías y cerrada para el tránsito de personas. Cuenta con una población flotante conformando un tejido social no convencional: en ocasiones habitando la ciudad de manera provisional al intentar arribar a Estados Unidos o vinculándose al trabajo en las plantas maquiladoras por un cierto tiempo.
Como señalábamos al inicio, es a partir de 1993 que comenzó a hacerse público el asesinato sistematizado de mujeres, en muchos casos vinculadas al trabajo en los parques industriales. A pesar de la resonancia que tuvieron estos crímenes, el asesinato de niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez se ha mantenido constante, con alzas considerables en ciertos periodos como entre 1995 y 1996 y más acentuado aún, con un incremento en una tasa de 26.68 por ciento entre 2008 y 2010. En Juárez a las mujeres se les continúa privando violentamente de la vida en un contexto cada vez más complejo que pareciera extenderse a otras regiones del país. Por ello conviene ubicar las especificidades de la violencia feminicida distinguiendo los tipos, móviles, estrategias, así como su dimensión expresiva y simbólica.
En este sentido resulta útil la periodización que propone la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez (2015), donde ubica dos tiempos y dos modalidades distintas de violencia extrema contra las mujeres. En primer lugar la violencia feminicida del pasado, que se reconoce a partir de 1993 como mecanismo disciplinar para la modernización de la ciudad maquiladora, en supuestos tiempos de paz en los que se reproducen tres elementos en la manera de asesinar mujeres:
1) Los códigos: las víctimas son identificadas como mujeres jóvenes, morenas, estudiantes, obreras, niñas, todas ellas económicamente marginales.
2) La firma: la violencia feminicida es acompañada por otras violencias antes del exterminio, como desaparición, tortura, mutilación, y/o violación.
3) La sexualización del crimen: La marca de violencias sexuales en el acto feminicida o la sobre exposición del sexo en los cadáveres depositados en escenarios transgresores.
En segundo lugar, la violencia feminicida contemporánea cuyo inicio se puede ubicar en la primera década del siglo XXI. Esta se reorganiza con mayor fuerza a partir de 2008 con el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico como proyecto estatal. Las mujeres en este segundo ciclo de la violencia feminicida mueren “rafagueadas” (acribilladas), “levantadas” (secuestradas por comandos armados), “encobijadas” (apareciendo asesinadas envueltas en frazadas), “enteipadas” (asesinadas, amordazadas y maniatadas con cinta adhesiva), acuchilladas o estranguladas.
A continuación señalaremos las características de ambos periodos y las continuidades con la generalización de estos crímenes en el México contemporáneo.
La violencia feminicida del primer ciclo
En la década de los años noventa, la disputa por el esclarecimiento de los crímenes se enfrentaba, por un lado, con la condena social que hacía de las jóvenes responsables de su muerte: se les acusaba de llevar una “doble vida”, de comportamientos considerados inmorales, o por adoptar hábitos transgresores de la tradición (incluida la autosuficiencia económica). Esta imagen, especialmente de aquellas trabajadoras de las maquilas que los fines de semana salían a divertirse a los bares y cantinas, las hizo acreedoras del sobrenombre de “maquilocas”. Esto posibilitó desde aquellos años la proliferación de alocuciones, ahora aplicadas al resto de la población, en el sentido de afirmar que: “en algo andaban”, “por algo habrá sido”. La construcción social de ese estigma también es perceptible en la forma de referirse a las mujeres asesinadas como “las muertas de Juárez”, con lo que se diluía el marco de violencias en el cual se desarrollaba el fenómeno. Por otro lado, cuando Juárez era promovida como modelo de la globalización por las actividades económicas ahí desarrolladas, autoridades del gobierno y grupos empresariales consideraban que la denuncia por la desaparición y asesinatos de mujeres constituían una campaña para deteriorar la imagen de una ciudad “pujante”.
En relación a estos crímenes se han formulado las más diversas hipótesis. Desde la presencia de asesinos seriales, producción de películas snuff, ritos de iniciación para los integrantes de los grupos delictivos o la existencia de un ilícito transnacional que vincula a gente poderosa en ambos lados de la frontera.
En todo caso, de nada sirvieron las investigaciones de las policías locales y las instancias de procuración de justicia nacionales, quienes inculparon a presuntos asesinos seriales e incriminaron a chivos expiatorios cuyas confesiones fueron sacadas mediante tortura. También han entregado a las familias restos que no coincidían con las de sus jóvenes desaparecidas. Ni siquiera resultaron del todo esclarecedoras las intervenciones de actores internacionales como el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) o el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tampoco han sido suficientes las profusas y en muchos casos valiosas investigaciones desde el ámbito del periodismo y la academia para saber a ciencia cierta cuáles fueron los agentes que produjeron ese dramático fenómeno. El Estado mexicano que incluso ha recibido una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como “Campo algodonero”, se ha limitado a cumplir con algunos de los resolutivos de la misma, excluyendo aquellos puntos que introducen la posibilidad de justicia para las jóvenes asesinadas y sus familias.
Violencia feminicida del segundo ciclo
Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En 2008 a partir del despliegue en la ciudad fronteriza de 8 mil efectivos militares, fue ubicada como la urbe más violenta y peligrosa del planeta. Comandos clandestinos que se movilizaban dentro de una ciudad sitiada por las fuerzas federales sembraron el terror en Juárez. Masacres en centros de atención de adicciones, fiestas juveniles e incluso dentro de cárceles, dieron paso a la modalidad de ejecuciones diarias de personas desarmadas en la vía pública. En 2011 cuando comienzan a decaer las cifras de asesinato, se estima que 9 mil personas habían muerto en la ciudad durante ese periodo de violencia. Organizaciones sociales renombraron a Juaritos como el epicentro del dolor y la barbarie.
Es precisamente durante este lapso de tiempo que la desaparición y asesinato de mujeres se incrementaron como nunca antes. En esta nueva etapa los crímenes fueron ocultados a partir de la instalación de un “sentido común” que señala que cualquier muerte violenta está relacionada con pugnas entre facciones del “crimen organizado”. Por otra parte, lo que ha revelado la movilización de madres y familiares, así como investigaciones puntuales, es que la ocupación militar y el enfrentamiento entre las distintas organizaciones de la economía criminal ilegal, reforzaron y ampliaron el circuito de trata de mujeres con objetivos de explotación sexual. Policías, militares e integrantes de los brazos armados de los cárteles elevaron la demanda que llevó al incremento en la desaparición y asesinato de mujeres en la ciudad. En relación a ello, es posible establecer un vínculo entre lo que ocurrió en Juárez en ese momento y su extensión ulterior a otras geografías del país. La proliferación de armas de fuego gracias a los controles laxos de tráfico ilegal, la ocupación militar del espacio público, la evolución del fenómeno migratorio que fue incorporada como actividad de las estructuras de la economía criminal ilegal, así como otras actividades más, encubiertas por “la guerra contra el narcotráfico” han garantizado los medios para el asesinato anónimo de miles de mujeres en el país. Se trata de las cifras negras del feminicidio que se ocultan en las “bajas colaterales” de la guerra.
Respecto a Juárez, de nuevo las calles del Centro de la ciudad fueron identificadas como el lugar donde un modus operandi perfeccionado durante más de veinte años reproduce la desaparición sistemática de mujeres de sectores populares. La confesión en 2015 de un grupo de personas involucradas en estas desapariciones permitió conocer algunos elementos del funcionamiento de estas redes.[ii]
El acto feminicida en este segundo ciclo presenta una clara transición hacia el espacio público. Su distribución espacial tiene una mayor incidencia en lotes baldíos y vialidades principales, dos elementos predominantes en la configuración de la ciudad. De tal manera que 80.61 por ciento de los casos de feminicidio contabilizados desde 1993 hasta 2010 tuvieron lugar en estos lugares, 48.41 por ciento en lotes baldíos y 31.80 en vialidades principales.
El grupo más vulnerable a la violencia feminicida, de acuerdo a los casos contabilizados en ambos ciclos, corresponde al de mujeres entre 20 y 29 años de edad. En Juárez en este lapso (1993-2010) se presentaron 228 casos, que significó el 25.7 por ciento del total. A este grupo le sigue el de las víctimas entre 30 y 39 años, que acumuló el 23.6 por ciento del total.
La muerte de la mayoría de las víctimas no se debió a una sola agresión, los cuerpos manifiestan múltiples actos violentos. No obstante, se acentúa una diferencia entre el primer y el segundo ciclo. En el primero, golpes y armas blancas corresponden al acto letal, mientras que en el segundo la muerte es provocada por arma de fuego, los casos de este tipo en el mismo periodo son 449 (50.6% del total). Hasta 2007, antes de que se pusiera en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua (ocupación militar de la ciudad), los feminicidios ejecutados con arma de fuego habían sido 129 por lo que no representaban el principal tipo de agresión. Fue hasta 2008 que el arma de fuego se comenzó a utilizar como el principal instrumento para el acto letal en Juárez y el resto del país. En Juárez el promedio de nueve víctimas anuales entre 1993 y 2007 ascendió hasta 88 en 2008, 146 en 2009 y 86 hasta junio de 2010.
Estimaciones más recientes, señalan que en estos 25 años han sido asesinadas alrededor de 1,779 mujeres en la ciudad (Martínez Prado, 2018), aunque habría que considerar tanto la cifra negra, como el fenómeno de desaparición forzada vigente y la actualización del fenómeno. Las 11 regiones críticas del feminicidio en ambos ciclos se han ubicado en zonas consideradas de “exclusión social” en la periferia de la ciudad, lo que implica déficits en acceso a servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana, seguridad pública, y condiciones de marginalidad y pobreza.
La sociedad patriarcal que se devora a sí misma
Aunque el aumento más drástico del feminicidio en Juárez ocurre en el marco de la guerra en el espacio público, señalamos la posibilidad de que esto influya en el incremento y las formas de los feminicidios en los espacios domésticos. Para ello recuperamos el planteamiento de Rita Segato a partir de su investigación en Ciudad Juárez en donde propone la existencia de violencias bélicas, de crueldad sobre el cuerpo femenino para simbolizar la destitución del enemigo como fuerza respetable “que son de manual, y que luego reingresan al campo de lo doméstico” (Segato, 2016). Consideramos que el abandono de cadáveres femeninos que ostentan las marcas de múltiples tipos de violencia además de la letal, como un ejercicio que se reitera en el espacio público, normaliza la violencia feminicida y la generalización de las violencias machistas en la práctica cotidiana, más allá de la participación de grupos del crimen organizado. Esto, aunque dichos grupos protagonicen la inauguración de nuevas y más crueles formas de aniquilamiento que se instauran en el resto de relaciones sociales.
Desde hace 25 años, pero sobre todo con la violencia feminicida correspondiente al segundo ciclo al que hemos aludido, convivimos con imágenes de la violencia feminicida exhibida no sólo sobre los cuerpos de las víctimas en el espacio público, sino re interpretada y masificada a través de la prensa, la televisión y el internet. Este patrón periodístico que tuvo inicio en el país con el caso de Juárez, en el que sin ninguna responsabilidad se publicaban fotografías de los cadáveres femeninos, desnudos o semidesnudos, en las portadas de los diarios locales, se ha expandido en la cotidianidad del país como elemento refuncionalizador en la forma de reproducción del espacio. Exponemos a continuación algunas implicaciones.
Fotografías 1 y 2 (espectacularización feminicidio)
La presentación permanente del feminicidio en nuestra cotidianidad, le otorga una calidad de espectáculo público, que si bien ha sido un elemento detonante para que se le preste atención al asesinato de mujeres en el país, produce un auditorio aterrorizado, pero que también asiste resignadamente al espectáculo de la violencia con una creciente naturalidad. La velocidad con que un caso reemplaza al anterior, un día tras otro, desgasta la capacidad de registro de la comunidad y le resta profundidad a su tratamiento. Convirtiéndolo en una noticia más del día, en un hecho banal, superfluo.
Las fotografías que se viralizan en los medios exhiben los cuerpos con un conjunto de mensajes textuales y simbólicos que fortalecen la idea de vulnerabilidad y desvalorización sobre la vida de las mujeres en general. Reproducen la normatividad que se le atribuye socialmente al género femenino o feminizado. Ya que si bien no todos los casos presentan evidencia de violación sexual, el cuerpo de las víctimas está más presente que en otro tipo de asesinatos. Como señala Mariana Berlanga (2018), en el feminicidio el cuerpo sexuado aparece sobre expuesto en el espacio, en ellos recae la violencia en su máxima expresión, más allá del homicidio. En palabras de Rita Segato (2016) en ellos se escriben las violencias brutales del patriarcado de alta intensidad.
Estas violencias expuestas en los cadáveres, que muestran una aproximación sobre los niveles de sufrimiento a los que fueron sometidas las víctimas, reiteran también una política de miedo. Pero no un miedo neutral, sino atravesado con expresiones de género que permitan comunicar de manera eficiente la existencia de “vidas precarias” como las denomina Judith Butler (2006), a un público específico: las equivalentes a esos cuerpos. Caracterizadas además de la condición de sexo y género como personas precarizadas, de bajos ingresos y por lo tanto de bajo valor social.
Bajo esta representación, el feminicidio contiene un gran significado político. Como mencionábamos, centra el cuerpo femenino como territorio de guerra en el que son experimentadas nuevas formas de crueldad y aniquilamiento, que en tanto ejercicio masculino, autoriza la reproducción de esas violencias no sólo por parte de poderosos grupos criminales, sino como acción por medio de la cual los hombres pueden reafirmar su poder dentro de su propio círculo de dominio, como el doméstico en la organización de la sociedad heteropatriarcal. Esta lección extrema amplifica el umbral de tolerancia de la sociedad hacia el resto de dimensiones de la violencia machista, que en comparación al cruel escenario de muerte resultan minimizadas.
Finalmente, el ejercicio repetitivo establece que el feminicidio es una realidad impune en el país. La respuesta omisa del estado configura una suerte de institucionalización de la violencia feminicida que legitima la violencia sistemática contra las mujeres, garantiza mecanismos de negligencia gubernamental para los agresores y criminalización para las víctimas. A la vez constituye la instalación del miedo como filtro para la intervención estatal, sirviéndose de su instrumentalización como estrategia de disciplinamiento social dirigida tanto para quienes involuntariamente asisten a este ejercicio de espectacularización del feminicidio, como para las mujeres organizadas, a quienes desmoraliza e intenta desmovilizar.
Apuntamos entonces dos elementos de comprensión sobre este modelo de violencia que se expande por México. En primer lugar, el reconocimiento de que la condición de posibilidad para la desaparición de mujeres es la existencia de una infraestructura y un organigrama de complicidades que incluye, para el caso de Juárez, pero que habría que explorar para otros contextos del país; a comerciantes, estructuras de la economía criminal, policías municipales, estatales, federales y a las Fuerzas Armadas. Dicha estructura incluye tareas de investigación sobre las adolescentes a ser desaparecidas y conexiones con otros lugares del Estado de Chihuahua y de Estados Unidos. Las mujeres secuestradas han sido destinadas para ser explotadas sexualmente (por sus captores, autoridades y fuerzas federales) y para fungir como vendedoras de estupefacientes.[iii]
En segundo lugar, reiteramos el carácter de Juárez como laboratorio de estas prácticas porque durante más de veinte años, las autoridades han experimentado la manera de tratar con las familias de las víctimas; formando comisiones, creando fiscalías especializadas, otorgando financiamientos a Organizaciones No Gubernamentales, entregando restos falsos, alterando los restos antes de la realización de peritajes externos y/o independientes, otorgando becas y apoyos económicos a las familias de las víctimas, dividiendo a las organizaciones, acosando y torturando psicológicamente a familiares de las víctimas, administrando la muerte y el dolor. También les ha permitido aprender a sortear un legítimo, tenaz y creativo movimiento de oposición a esta política de muerte y a eludir las presiones nacionales e internacionales, al asumir que, en México, la justicia simplemente no existe.
El feminicidio y la sofisticación de las violencias machistas en México y América Latina reeditadas por la guerra, imponen una amenaza constante y específica hacia la vida de niñas y mujeres, volviendo la supervivencia cotidiana un acto de resistencia. No obstante, en la otra cara del escenario de emergencia, se manifiesta un acelerado auge de los espacios de organización política de y para mujeres. El caso de Juárez es emblemático en la región también como referente de reflexión y de lucha, no solo por ser el primer lugar donde comenzó a ser denunciado el feminicidio, sino por el movimiento de mujeres que se creó ahí en exigencia de justicia en múltiples dimensiones del conflicto, desde la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, hasta la reivindicación de la construcción de una memoria colectiva contra la impunidad.
La experiencia en Ciudad Juárez nos constata la necesidad de profundizar la agenda política, subvertirla hacia el amplio espectro de las violencias estructurales para romper la inercia asesina del capitalismo contemporáneo. Pero sobre todo, evidencia la vigencia de los espacios de organización feminista que durante las últimas décadas han apostado por desarticular todas las relaciones de poder, sistemas de conocimiento e imaginarios basados en la dominación, la guerra y la crueldad. En la actualidad estos se expresan con mayor visibilidad en una inmensidad de pequeños esfuerzos colectivos y redes, aún con muchas dificultades, pero que marchan juntas en caminos comunes sobre todo el continente.
Referencias bibliográficas
Berlanga, Mariana. (2018). Una mirada al feminicidio. México: Ítaca.
Butler, Judith. (2006). Precarious Life. The powers of Mourning and violence. Nueva York: Verso.
Martínez, Prado, Hérika (2018) “En 25 años van 1,779 feminicidios en Ciudad Juárez”, El Heraldo de México, 15 de febrero.
Monárrez, Julia (coord). (2013). Geografía de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. México: Colegio de la Frontera Norte.
---------------------(coord). (2015). Vidas y territorios en busca de justicia. México: Colegio de la Frontera Norte.
Rubin, Gayle. (2011). Deviations. Estados Unidos: MyiLibrary.
Sassen, Saskia. (2003). Contrageografías de la globalización, Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños.
Segato, Rita. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños.
ONU Mujeres. (2012). Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. México: Instituto Nacional de las Mujeres.
[i] El género se entiende desde la teoría feminista como el campo primario a través del cual se articulan las relaciones de poder en la sociedad heteropatriarcal, donde los sexos están jerarquizados, y se despliega en todas las dimensiones de la sociabilidad un predominio de lo masculino sobre lo femenino. El género es en este sentido lo que determina una de las primeras formas de poder a la que nos enfrentamos en esta sociedad, es la asignación cultural y política a partir de un registro médico biológico: el sexo
[ii] Nos referimos al Juicio Oral 267/2014 en el que se condenó a cinco integrantes del grupo Los Aztecas por la desaparición y asesinato de once jóvenes encontradas en el Valle de Juárez. Consultar Sandra Rodríguez Nieto, “Juicio Oral por feminicidio en Juárez implica a militares; las usaban para placer: testigo”, Sin Embargo, 28 de junio de 2015 y Luis Fierro, “Concluye el “Juicio del Siglo” contra feminicidas en Ciudad Juárez, El Universal, 19 de julio de 2015.
[iii] Sandra Rodríguez Nieto, “Los llanos de la barbarie, desde el epicentro de la red de trata”, Sin Embargo, 06 de julio de 2015 <http://www.sinembargo.mx/06-07-2015/1402394>
Publicado originalmente en la revista CEPA de colombia, núm. 28
Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo…
2666 Roberto Bolaño
Yo creo que lo que está sucediendo aquí desde 1993 es un negocio redondo con ellas. Cuando digo un negocio redondo es desde que las secuestran, yo creo que las usan, luego las explotan totalmente, en todo sentido. Si no explotan sus huesos es tal vez porque su dinero o su tecnología no les haya dicho que en el hueso todavía hay algo que sacar.
Francisca Galván (abogada y activista contra los feminicidios en Ciudad Juárez)
Desentrañar la barbarie
La propagación de distintas formas de violencia en México caracteriza el recorrido del país en el Siglo XXI. Esto ha ocurrido en el marco de una estrategia de militarización de la seguridad pública que de manera alarmante, ha provocado el asesinato de cientos de miles de personas. Para contrastarlo con el recorrido colombiano, baste considerar que en el periodo 2006-2018 han sido asesinadas alrededor de 250 mil personas, una cifra mayor al periodo 1958-2012 reportado por el Informe Basta Ya para el país andino y que suele ser considerado un ejemplo de violencia estatal y social a nivel mundial. Algo similar ocurre con el fenómeno de la desaparición forzada, que para México en estos 12 años establece un estimado de 40 mil personas de las cuales se desconoce su paradero y que superan los datos más difundidos sobre dictaduras emblemáticas del Cono Sur como Chile, Argentina y Uruguay durante la segunda mitad del siglo pasado.
Sin embargo, consideramos que el paisaje mexicano en implosión no debe ocultarnos las expresiones específicas que comporta. Un ámbito que ha resultado invisibilizado y negado es el incremento y sofisticación de las formas de violencia contra las mujeres. El lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico” acrecentó este tipo de asesinatos, principalmente en lo que respecta a las mujeres jóvenes y precarizadas, después de un mínimo histórico registrado en 2007. Entre los años 2012 y 2016 se observaron estadísticas por encima de los 2 mil setecientos feminicidios, con una tendencia de 7 mujeres asesinadas por día. Esto escaló aún más para enero de 2019 en que se reportan cifras de 10 mujeres asesinadas cada día en el país.
Tabla I
Lo anterior, que ya es en sí mismo sintomático de una sociedad atravesada por la violencia, comporta otras características que es preciso develar. En el presente texto sugerimos la hipótesis de que el asesinato sistemático de mujeres, así como el incremento en la exhibición de la crueldad con la que se les asesina, normalizan el fenómeno restándole sensibilidad y tratamiento social al problema. Consideramos que la instalación de la violencia feminicida en el escenario cotidiano, como expresión extrema, eleva el umbral de las violencias cometidas contra las mujeres. También amedrenta y desvaloriza sus vidas. De manera que la desaparición forzada de niñas y adolescentes, las violaciones, la tortura, explotación sexual y laboral, el acoso callejero y la generalización de las violencias machistas, se reproducen y justifican con pasmosa naturalidad en el mismo círculo de impunidad.
Tabla II
La incubación del feminicidio en Ciudad Juárez
Antes de la caída de México en este abismo con el lanzamiento de la estrategia de guerra gubernamental, Ciudad Juárez funcionó como laboratorio de una serie de políticas que serían instrumentadas después en el resto del país. En términos económicos y desde la mirada oficial y del gran capital fue presentada como una ciudad modelo de globalización, puesto de avanzada de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En términos políticos, fue uno de los primeros lugares donde hubo triunfos del Partido Acción Nacional (de derecha) y que a la larga dio lugar a la alternancia con el Partido Revolucionario Institucional, lo que funcionó durante las últimas décadas como una suerte de bipartidismo neoliberal, coloquialmente conocido como PRIAN.
A partir de 1993 emergen a la opinión pública los casos de decenas y después cientos de mujeres que desaparecen en la ciudad y reaparecen después de ser asesinadas, mutiladas y con muestras de tortura sexual en distintos parajes de la ciudad. Sin embargo, es hasta 1998 que el movimiento de familiares de las víctimas, en compañía de activistas y académicas consiguen caracterizar los asesinatos desde la categoría feminicidio. En su definición más básica constituye una metodología feminista para entender y denunciar el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, por razones de sexo y género[i].
Gayle Rubin define el sistema sexo/género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Por lo tanto la subordinación de las mujeres es consecuencia de las relaciones que producen y organizan el sexo y el género. El género no es algo que está dado, sino que se construye a partir del sexo, interpretado desde el discurso hegemónico de forma binaria. De esta manera el feminicidio se ha entendido también desde el feminismo como una práctica de violencia masculina para castigar a las mujeres que no respetan lo normativo al género. A pesar de ello, el Estado mexicano se ha resistido a introducir la categoría como tipificación penal a nivel federal, si bien algunas legislaciones locales lo han incorporado.
Actualmente el feminicidio está contemplado en varias jurisdicciones latinoamericanas: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile (2010), El Salvador (2010), Perú (2011), México (2011), Nicaragua (2012) y Brasil (2015). En la academia se continúa desarrollando su definición y los movimientos sociales han logrado legitimar su presencia en el discurso público. Pese a ello, no se ha registrado una disminución del asesinato de mujeres en ninguno de estos países y nuestra región tiene los mayores índices en feminicidios a nivel mundial.
Después de 2018 cuando se cumplieron 25 años de la emergencia pública de estos crímenes en Juárez, ciudad vuelta emblema de este tipo de violencia contra las mujeres, resulta sorprendente e inquietante que aún no se sepa con claridad qué es lo que ha permitido que esto haya sucedido y que no deje de suceder.
Proponemos observar la relación entre esa condición de violencias desbordadas y la conformación de Juárez como un laboratorio social de distintas políticas, en las que ha tenido un papel determinante la violencia estructural que ha sido pacientemente confeccionada desde hace décadas. En términos laborales, desde la década de los sesenta, pero con mayor énfasis desde los años ochenta, fue punta de lanza del modelo productivo maquilador, mismo que contribuiría a la redefinición de las relaciones laborales en distintas regiones del planeta. La cara oculta del auge maquilador, es que trajo consigo modificaciones en las condiciones laborales que después se generalizarían con el neoliberalismo y que en el caso de la maquila, implican una competencia con otros países por contar con los salarios más bajos en pos de “competitividad”; así como otras características identificadas con la “flexibilización laboral”, que elimina la seguridad de las/los trabajadores en beneficio de la acumulación de capital. A partir de ello se han precarizado las condiciones de trabajo y se ha restringido la organización laboral. A esto hay que agregar que las actividades desarrolladas en las maquilas consisten en movimientos repetitivos, desgastantes y en los que se esfuma todo contacto con el resultado del trabajo.
A ello agregamos la cualidad fronteriza de la urbe que, por un lado, abarata los costos de producción y transporte hacia Estados Unidos, y por otro es un lugar en que constantemente se renueva la mano de obra dispuesta para trabajar en las maquiladoras. Es una ciudad abierta para el cruce de mercancías y cerrada para el tránsito de personas. Cuenta con una población flotante conformando un tejido social no convencional: en ocasiones habitando la ciudad de manera provisional al intentar arribar a Estados Unidos o vinculándose al trabajo en las plantas maquiladoras por un cierto tiempo.
Como señalábamos al inicio, es a partir de 1993 que comenzó a hacerse público el asesinato sistematizado de mujeres, en muchos casos vinculadas al trabajo en los parques industriales. A pesar de la resonancia que tuvieron estos crímenes, el asesinato de niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez se ha mantenido constante, con alzas considerables en ciertos periodos como entre 1995 y 1996 y más acentuado aún, con un incremento en una tasa de 26.68 por ciento entre 2008 y 2010. En Juárez a las mujeres se les continúa privando violentamente de la vida en un contexto cada vez más complejo que pareciera extenderse a otras regiones del país. Por ello conviene ubicar las especificidades de la violencia feminicida distinguiendo los tipos, móviles, estrategias, así como su dimensión expresiva y simbólica.
En este sentido resulta útil la periodización que propone la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez (2015), donde ubica dos tiempos y dos modalidades distintas de violencia extrema contra las mujeres. En primer lugar la violencia feminicida del pasado, que se reconoce a partir de 1993 como mecanismo disciplinar para la modernización de la ciudad maquiladora, en supuestos tiempos de paz en los que se reproducen tres elementos en la manera de asesinar mujeres:
1) Los códigos: las víctimas son identificadas como mujeres jóvenes, morenas, estudiantes, obreras, niñas, todas ellas económicamente marginales.
2) La firma: la violencia feminicida es acompañada por otras violencias antes del exterminio, como desaparición, tortura, mutilación, y/o violación.
3) La sexualización del crimen: La marca de violencias sexuales en el acto feminicida o la sobre exposición del sexo en los cadáveres depositados en escenarios transgresores.
En segundo lugar, la violencia feminicida contemporánea cuyo inicio se puede ubicar en la primera década del siglo XXI. Esta se reorganiza con mayor fuerza a partir de 2008 con el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico como proyecto estatal. Las mujeres en este segundo ciclo de la violencia feminicida mueren “rafagueadas” (acribilladas), “levantadas” (secuestradas por comandos armados), “encobijadas” (apareciendo asesinadas envueltas en frazadas), “enteipadas” (asesinadas, amordazadas y maniatadas con cinta adhesiva), acuchilladas o estranguladas.
A continuación señalaremos las características de ambos periodos y las continuidades con la generalización de estos crímenes en el México contemporáneo.
La violencia feminicida del primer ciclo
En la década de los años noventa, la disputa por el esclarecimiento de los crímenes se enfrentaba, por un lado, con la condena social que hacía de las jóvenes responsables de su muerte: se les acusaba de llevar una “doble vida”, de comportamientos considerados inmorales, o por adoptar hábitos transgresores de la tradición (incluida la autosuficiencia económica). Esta imagen, especialmente de aquellas trabajadoras de las maquilas que los fines de semana salían a divertirse a los bares y cantinas, las hizo acreedoras del sobrenombre de “maquilocas”. Esto posibilitó desde aquellos años la proliferación de alocuciones, ahora aplicadas al resto de la población, en el sentido de afirmar que: “en algo andaban”, “por algo habrá sido”. La construcción social de ese estigma también es perceptible en la forma de referirse a las mujeres asesinadas como “las muertas de Juárez”, con lo que se diluía el marco de violencias en el cual se desarrollaba el fenómeno. Por otro lado, cuando Juárez era promovida como modelo de la globalización por las actividades económicas ahí desarrolladas, autoridades del gobierno y grupos empresariales consideraban que la denuncia por la desaparición y asesinatos de mujeres constituían una campaña para deteriorar la imagen de una ciudad “pujante”.
En relación a estos crímenes se han formulado las más diversas hipótesis. Desde la presencia de asesinos seriales, producción de películas snuff, ritos de iniciación para los integrantes de los grupos delictivos o la existencia de un ilícito transnacional que vincula a gente poderosa en ambos lados de la frontera.
En todo caso, de nada sirvieron las investigaciones de las policías locales y las instancias de procuración de justicia nacionales, quienes inculparon a presuntos asesinos seriales e incriminaron a chivos expiatorios cuyas confesiones fueron sacadas mediante tortura. También han entregado a las familias restos que no coincidían con las de sus jóvenes desaparecidas. Ni siquiera resultaron del todo esclarecedoras las intervenciones de actores internacionales como el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) o el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tampoco han sido suficientes las profusas y en muchos casos valiosas investigaciones desde el ámbito del periodismo y la academia para saber a ciencia cierta cuáles fueron los agentes que produjeron ese dramático fenómeno. El Estado mexicano que incluso ha recibido una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como “Campo algodonero”, se ha limitado a cumplir con algunos de los resolutivos de la misma, excluyendo aquellos puntos que introducen la posibilidad de justicia para las jóvenes asesinadas y sus familias.
Violencia feminicida del segundo ciclo
Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En 2008 a partir del despliegue en la ciudad fronteriza de 8 mil efectivos militares, fue ubicada como la urbe más violenta y peligrosa del planeta. Comandos clandestinos que se movilizaban dentro de una ciudad sitiada por las fuerzas federales sembraron el terror en Juárez. Masacres en centros de atención de adicciones, fiestas juveniles e incluso dentro de cárceles, dieron paso a la modalidad de ejecuciones diarias de personas desarmadas en la vía pública. En 2011 cuando comienzan a decaer las cifras de asesinato, se estima que 9 mil personas habían muerto en la ciudad durante ese periodo de violencia. Organizaciones sociales renombraron a Juaritos como el epicentro del dolor y la barbarie.
Es precisamente durante este lapso de tiempo que la desaparición y asesinato de mujeres se incrementaron como nunca antes. En esta nueva etapa los crímenes fueron ocultados a partir de la instalación de un “sentido común” que señala que cualquier muerte violenta está relacionada con pugnas entre facciones del “crimen organizado”. Por otra parte, lo que ha revelado la movilización de madres y familiares, así como investigaciones puntuales, es que la ocupación militar y el enfrentamiento entre las distintas organizaciones de la economía criminal ilegal, reforzaron y ampliaron el circuito de trata de mujeres con objetivos de explotación sexual. Policías, militares e integrantes de los brazos armados de los cárteles elevaron la demanda que llevó al incremento en la desaparición y asesinato de mujeres en la ciudad. En relación a ello, es posible establecer un vínculo entre lo que ocurrió en Juárez en ese momento y su extensión ulterior a otras geografías del país. La proliferación de armas de fuego gracias a los controles laxos de tráfico ilegal, la ocupación militar del espacio público, la evolución del fenómeno migratorio que fue incorporada como actividad de las estructuras de la economía criminal ilegal, así como otras actividades más, encubiertas por “la guerra contra el narcotráfico” han garantizado los medios para el asesinato anónimo de miles de mujeres en el país. Se trata de las cifras negras del feminicidio que se ocultan en las “bajas colaterales” de la guerra.
Respecto a Juárez, de nuevo las calles del Centro de la ciudad fueron identificadas como el lugar donde un modus operandi perfeccionado durante más de veinte años reproduce la desaparición sistemática de mujeres de sectores populares. La confesión en 2015 de un grupo de personas involucradas en estas desapariciones permitió conocer algunos elementos del funcionamiento de estas redes.[ii]
El acto feminicida en este segundo ciclo presenta una clara transición hacia el espacio público. Su distribución espacial tiene una mayor incidencia en lotes baldíos y vialidades principales, dos elementos predominantes en la configuración de la ciudad. De tal manera que 80.61 por ciento de los casos de feminicidio contabilizados desde 1993 hasta 2010 tuvieron lugar en estos lugares, 48.41 por ciento en lotes baldíos y 31.80 en vialidades principales.
El grupo más vulnerable a la violencia feminicida, de acuerdo a los casos contabilizados en ambos ciclos, corresponde al de mujeres entre 20 y 29 años de edad. En Juárez en este lapso (1993-2010) se presentaron 228 casos, que significó el 25.7 por ciento del total. A este grupo le sigue el de las víctimas entre 30 y 39 años, que acumuló el 23.6 por ciento del total.
La muerte de la mayoría de las víctimas no se debió a una sola agresión, los cuerpos manifiestan múltiples actos violentos. No obstante, se acentúa una diferencia entre el primer y el segundo ciclo. En el primero, golpes y armas blancas corresponden al acto letal, mientras que en el segundo la muerte es provocada por arma de fuego, los casos de este tipo en el mismo periodo son 449 (50.6% del total). Hasta 2007, antes de que se pusiera en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua (ocupación militar de la ciudad), los feminicidios ejecutados con arma de fuego habían sido 129 por lo que no representaban el principal tipo de agresión. Fue hasta 2008 que el arma de fuego se comenzó a utilizar como el principal instrumento para el acto letal en Juárez y el resto del país. En Juárez el promedio de nueve víctimas anuales entre 1993 y 2007 ascendió hasta 88 en 2008, 146 en 2009 y 86 hasta junio de 2010.
Estimaciones más recientes, señalan que en estos 25 años han sido asesinadas alrededor de 1,779 mujeres en la ciudad (Martínez Prado, 2018), aunque habría que considerar tanto la cifra negra, como el fenómeno de desaparición forzada vigente y la actualización del fenómeno. Las 11 regiones críticas del feminicidio en ambos ciclos se han ubicado en zonas consideradas de “exclusión social” en la periferia de la ciudad, lo que implica déficits en acceso a servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana, seguridad pública, y condiciones de marginalidad y pobreza.
La sociedad patriarcal que se devora a sí misma
Aunque el aumento más drástico del feminicidio en Juárez ocurre en el marco de la guerra en el espacio público, señalamos la posibilidad de que esto influya en el incremento y las formas de los feminicidios en los espacios domésticos. Para ello recuperamos el planteamiento de Rita Segato a partir de su investigación en Ciudad Juárez en donde propone la existencia de violencias bélicas, de crueldad sobre el cuerpo femenino para simbolizar la destitución del enemigo como fuerza respetable “que son de manual, y que luego reingresan al campo de lo doméstico” (Segato, 2016). Consideramos que el abandono de cadáveres femeninos que ostentan las marcas de múltiples tipos de violencia además de la letal, como un ejercicio que se reitera en el espacio público, normaliza la violencia feminicida y la generalización de las violencias machistas en la práctica cotidiana, más allá de la participación de grupos del crimen organizado. Esto, aunque dichos grupos protagonicen la inauguración de nuevas y más crueles formas de aniquilamiento que se instauran en el resto de relaciones sociales.
Desde hace 25 años, pero sobre todo con la violencia feminicida correspondiente al segundo ciclo al que hemos aludido, convivimos con imágenes de la violencia feminicida exhibida no sólo sobre los cuerpos de las víctimas en el espacio público, sino re interpretada y masificada a través de la prensa, la televisión y el internet. Este patrón periodístico que tuvo inicio en el país con el caso de Juárez, en el que sin ninguna responsabilidad se publicaban fotografías de los cadáveres femeninos, desnudos o semidesnudos, en las portadas de los diarios locales, se ha expandido en la cotidianidad del país como elemento refuncionalizador en la forma de reproducción del espacio. Exponemos a continuación algunas implicaciones.
Fotografías 1 y 2 (espectacularización feminicidio)
La presentación permanente del feminicidio en nuestra cotidianidad, le otorga una calidad de espectáculo público, que si bien ha sido un elemento detonante para que se le preste atención al asesinato de mujeres en el país, produce un auditorio aterrorizado, pero que también asiste resignadamente al espectáculo de la violencia con una creciente naturalidad. La velocidad con que un caso reemplaza al anterior, un día tras otro, desgasta la capacidad de registro de la comunidad y le resta profundidad a su tratamiento. Convirtiéndolo en una noticia más del día, en un hecho banal, superfluo.
Las fotografías que se viralizan en los medios exhiben los cuerpos con un conjunto de mensajes textuales y simbólicos que fortalecen la idea de vulnerabilidad y desvalorización sobre la vida de las mujeres en general. Reproducen la normatividad que se le atribuye socialmente al género femenino o feminizado. Ya que si bien no todos los casos presentan evidencia de violación sexual, el cuerpo de las víctimas está más presente que en otro tipo de asesinatos. Como señala Mariana Berlanga (2018), en el feminicidio el cuerpo sexuado aparece sobre expuesto en el espacio, en ellos recae la violencia en su máxima expresión, más allá del homicidio. En palabras de Rita Segato (2016) en ellos se escriben las violencias brutales del patriarcado de alta intensidad.
Estas violencias expuestas en los cadáveres, que muestran una aproximación sobre los niveles de sufrimiento a los que fueron sometidas las víctimas, reiteran también una política de miedo. Pero no un miedo neutral, sino atravesado con expresiones de género que permitan comunicar de manera eficiente la existencia de “vidas precarias” como las denomina Judith Butler (2006), a un público específico: las equivalentes a esos cuerpos. Caracterizadas además de la condición de sexo y género como personas precarizadas, de bajos ingresos y por lo tanto de bajo valor social.
Bajo esta representación, el feminicidio contiene un gran significado político. Como mencionábamos, centra el cuerpo femenino como territorio de guerra en el que son experimentadas nuevas formas de crueldad y aniquilamiento, que en tanto ejercicio masculino, autoriza la reproducción de esas violencias no sólo por parte de poderosos grupos criminales, sino como acción por medio de la cual los hombres pueden reafirmar su poder dentro de su propio círculo de dominio, como el doméstico en la organización de la sociedad heteropatriarcal. Esta lección extrema amplifica el umbral de tolerancia de la sociedad hacia el resto de dimensiones de la violencia machista, que en comparación al cruel escenario de muerte resultan minimizadas.
Finalmente, el ejercicio repetitivo establece que el feminicidio es una realidad impune en el país. La respuesta omisa del estado configura una suerte de institucionalización de la violencia feminicida que legitima la violencia sistemática contra las mujeres, garantiza mecanismos de negligencia gubernamental para los agresores y criminalización para las víctimas. A la vez constituye la instalación del miedo como filtro para la intervención estatal, sirviéndose de su instrumentalización como estrategia de disciplinamiento social dirigida tanto para quienes involuntariamente asisten a este ejercicio de espectacularización del feminicidio, como para las mujeres organizadas, a quienes desmoraliza e intenta desmovilizar.
Apuntamos entonces dos elementos de comprensión sobre este modelo de violencia que se expande por México. En primer lugar, el reconocimiento de que la condición de posibilidad para la desaparición de mujeres es la existencia de una infraestructura y un organigrama de complicidades que incluye, para el caso de Juárez, pero que habría que explorar para otros contextos del país; a comerciantes, estructuras de la economía criminal, policías municipales, estatales, federales y a las Fuerzas Armadas. Dicha estructura incluye tareas de investigación sobre las adolescentes a ser desaparecidas y conexiones con otros lugares del Estado de Chihuahua y de Estados Unidos. Las mujeres secuestradas han sido destinadas para ser explotadas sexualmente (por sus captores, autoridades y fuerzas federales) y para fungir como vendedoras de estupefacientes.[iii]
En segundo lugar, reiteramos el carácter de Juárez como laboratorio de estas prácticas porque durante más de veinte años, las autoridades han experimentado la manera de tratar con las familias de las víctimas; formando comisiones, creando fiscalías especializadas, otorgando financiamientos a Organizaciones No Gubernamentales, entregando restos falsos, alterando los restos antes de la realización de peritajes externos y/o independientes, otorgando becas y apoyos económicos a las familias de las víctimas, dividiendo a las organizaciones, acosando y torturando psicológicamente a familiares de las víctimas, administrando la muerte y el dolor. También les ha permitido aprender a sortear un legítimo, tenaz y creativo movimiento de oposición a esta política de muerte y a eludir las presiones nacionales e internacionales, al asumir que, en México, la justicia simplemente no existe.
El feminicidio y la sofisticación de las violencias machistas en México y América Latina reeditadas por la guerra, imponen una amenaza constante y específica hacia la vida de niñas y mujeres, volviendo la supervivencia cotidiana un acto de resistencia. No obstante, en la otra cara del escenario de emergencia, se manifiesta un acelerado auge de los espacios de organización política de y para mujeres. El caso de Juárez es emblemático en la región también como referente de reflexión y de lucha, no solo por ser el primer lugar donde comenzó a ser denunciado el feminicidio, sino por el movimiento de mujeres que se creó ahí en exigencia de justicia en múltiples dimensiones del conflicto, desde la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, hasta la reivindicación de la construcción de una memoria colectiva contra la impunidad.
La experiencia en Ciudad Juárez nos constata la necesidad de profundizar la agenda política, subvertirla hacia el amplio espectro de las violencias estructurales para romper la inercia asesina del capitalismo contemporáneo. Pero sobre todo, evidencia la vigencia de los espacios de organización feminista que durante las últimas décadas han apostado por desarticular todas las relaciones de poder, sistemas de conocimiento e imaginarios basados en la dominación, la guerra y la crueldad. En la actualidad estos se expresan con mayor visibilidad en una inmensidad de pequeños esfuerzos colectivos y redes, aún con muchas dificultades, pero que marchan juntas en caminos comunes sobre todo el continente.
Referencias bibliográficas
Berlanga, Mariana. (2018). Una mirada al feminicidio. México: Ítaca.
Butler, Judith. (2006). Precarious Life. The powers of Mourning and violence. Nueva York: Verso.
Martínez, Prado, Hérika (2018) “En 25 años van 1,779 feminicidios en Ciudad Juárez”, El Heraldo de México, 15 de febrero.
Monárrez, Julia (coord). (2013). Geografía de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. México: Colegio de la Frontera Norte.
---------------------(coord). (2015). Vidas y territorios en busca de justicia. México: Colegio de la Frontera Norte.
Rubin, Gayle. (2011). Deviations. Estados Unidos: MyiLibrary.
Sassen, Saskia. (2003). Contrageografías de la globalización, Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños.
Segato, Rita. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños.
ONU Mujeres. (2012). Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. México: Instituto Nacional de las Mujeres.
[i] El género se entiende desde la teoría feminista como el campo primario a través del cual se articulan las relaciones de poder en la sociedad heteropatriarcal, donde los sexos están jerarquizados, y se despliega en todas las dimensiones de la sociabilidad un predominio de lo masculino sobre lo femenino. El género es en este sentido lo que determina una de las primeras formas de poder a la que nos enfrentamos en esta sociedad, es la asignación cultural y política a partir de un registro médico biológico: el sexo
[ii] Nos referimos al Juicio Oral 267/2014 en el que se condenó a cinco integrantes del grupo Los Aztecas por la desaparición y asesinato de once jóvenes encontradas en el Valle de Juárez. Consultar Sandra Rodríguez Nieto, “Juicio Oral por feminicidio en Juárez implica a militares; las usaban para placer: testigo”, Sin Embargo, 28 de junio de 2015 y Luis Fierro, “Concluye el “Juicio del Siglo” contra feminicidas en Ciudad Juárez, El Universal, 19 de julio de 2015.
[iii] Sandra Rodríguez Nieto, “Los llanos de la barbarie, desde el epicentro de la red de trata”, Sin Embargo, 06 de julio de 2015 <http://www.sinembargo.mx/06-07-2015/1402394>
